Asentamiento
en Scully y ruta 7
San
Andrés de Giles. La orden de desalojo
que el Juzgado de Garantías 2 de Mercedes libró para el predio municipal de
ruta 7 y avenida Scully alcanza a unos cuarenta y cinco grupos familiares (con
unos ochenta menores de edad), que a partir de 2012 recurrieron al predio
donado por Vialidad Nacional en su emergencia habitacional. Quienes padecen la situación manifestaron la
imposibilidad de acatar la orden del juez, a la vez que destacaron la inoperancia
de la gestión del intendente Luis Ghione para aliviar la situación en la que se
encuentran.
Mirta,
integrante de una de las primeras familias que recurrieron al predio hace dos
años, se manifestó indignada por el trato recibido del municipio. “Entramos primero unas cinco familias, ahora
cuando somos unas cincuenta nos quieren sacar a la fuerza bruta como animales
de un corralón; pasé inundaciones, lluvias, corridas con los nenes al hospital,
y siempre que vinieron a notificarnos algo, siempre nos trataron como a
animales”. El accionar de la gestión
para mejorar la emergencia habitacional se limitó a sugerencias irritantes,
“siempre diciéndonos que no tenemos derecho; que por qué estamos viviendo así,
que por qué no buscamos un lugar digno para nuestros hijos”. Se siente
acechada, “nos dicen que nos tenemos que ir sí o sí, y no le podemos hacer
entender que no tenemos dónde ir”. Un
anuncio sobre que en un primer tiempo el municipio ayudaría con el pago de un
alquiler, no convence. “¿Cómo van a conseguir cincuenta casas para alquilar?;
llegado el caso, te ayudan con un mes y después te sacan a la calle como a un
perrito; ¿y dónde está la ley que dice que hay que ayudar a los chicos y a las madres?”, se pregunta
Mirta.
El
argumento de que en todo caso para acceder a un terreno se daría prioridad a
los residentes de Giles, escuchado entre otros del secretario de Gobierno Tomás
Arriondo, le resulta inaceptable. “También hay que pensar que la gente viene
para crecer, no para amargarse la vida en un lugar que la traten mal, donde le
digan cosas feas; nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a tener una
familia donde queramos y como queramos”.
Un derecho que no ha sido atendido, “cada vez que fuimos a la municipalidad,
siempre estuvo Arriondo con el mismo versito, y ahora nos vienen con esta
notificación de que tenemos cinco días”.
Política
El
asentamiento, sin servicio eléctrico ni agua, con personas de todas las edades,
niños, mujeres embarazadas, personas mayores, algunas con discapacidad, no
recibe mayor atención de la dirigencia
política. “Vinieron antes de las
elecciones; los votamos, nos volvieron a chamuyar y los volvimos a votar, ahora
que ya tienen el votito y su trabajo asegurado, nunca más”.
De
Acción Social, área a la que acaba de renunciar Manuela Salaberry, tampoco se espera demasiado. “Solo vienen y
te anotan para un sorteo, para el cual hay doscientas familias, es la única
solución que te dan”, señala Daiana. Se
siente consternada, “el policía dijo que por unas horas nos podían reubicar, y
después, ¿qué va a pasar?”. A cambio de
la orden de desalojo, “por qué no nos dan la oportunidad de pagar y que esto
algún día sea nuestro?; la solución no
es llevar los chicos al hogar y que los grandes se hagan cargo como puedan; vamos
a resistir hasta lo último, nos sacarán con los ochenta chicos como ellos quieran, a los
golpes”.
Mónica,
igualmente indignada, observó irregularidades en el proceso, “ni siquiera nos
dan el original de la carta de desalojo que necesitamos para poder enviarla a
María Jimena Caporale, nuestra abogada en
Defensoría del Pueblo, en La Plata; la solución de ellos es sacarnos los
chicos, mandarlos al hogar, y que de
nosotros Dios se encargue”. La decisión
está tomada, “de acá no nos vamos a mover”.