San Antonio de Areco. Pasaron ocho meses desde que el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza que regula el Ordenamiento Territorial del Municipio. El paso siguiente para que la ordenanza cobre vigencia y se aplique es su homologación por parte de la administración de la Provincia, un trámite que no insume costo ni más estudios, solo necesita la gestión e impulso del Ejecutivo Municipal local. Pero pasaron hasta los carnavales y la aprobación a de la Ordenanza no llega.
El Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta fundamental que establece el crecimiento del Municipio aparejado a lo cual pueden crearse emprendimientos legalmente constitutitos y con simplicidad de trámites.
Mientras no entre en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial puede suceder que se realicen emprendimientos inmobiliarios no admitidos en dicho Plan. Y por esto ya hay varios concejales que ven con preocupación la demora de la homologación y están atentos a cualquier movimiento de nuevos emprendimientos, sobre todo algunos intentos de loteos que ya fueron motivo de debate.
La elaboración del Ordenamiento Territorial demandó mucho tiempo de arduo trabajo, hasta hubo audiencias públicas para que los vecinos expresaran su opinión, se realizaron estudios de impacto ambiental y hasta cuenta con la aprobación de la Universidad de la Plata. El Plan es algo serio y solo necesita cobrar vigencia.
El Plan de Ordenamiento Territorial estipula el uso del suelo y las zonas aptas para determinados emprendimientos como ser parcelamientos y negocios inmobiliarios, pero claro, recién será aplicable cuando esté homologado. Mientras tanto nada impide darle usos indebidos a zonas que se pretenden salvaguardar para proteger la idiosincrasia del Pago de Areco.
Como es costumbre de este Semanario, se pidió a la Administración Durañona una entrevista con funcionarios del departamento de Legales u Obras Públicas para que expliquen la demora en la aplicación de tan importante ordenanza, pero desde la oficina de prensa no autorizaron a ningún funcionario a hacer declaraciones.