Conflicto con las cerealeras
San Antonio de Areco. Antonio Mancuso, abogado patrocinante de los vecinos que sufren las consecuencias del funcionamiento de las plantas cerealeras, por lo caul han realizado denuncias por distintas irregularidades en cuanto al incumplimiento de la ordenanza Nº 3.420/09 que regula el funcionamiento de las plantas de acopio y establece su traslado fuera del área urbana en un plazo de 9 años, y contra la Jueza de Faltas municipal por considerar que ha cometido irregularidades en el procedimiento, subrayó la tarea pesada que le ha tocado a los vecinos: suplir la falta de acción de los funcionarios.
Lamentó que en una pequeña ciudad como es Areco surjan “semejantes diferencias sociales”. Hay un grupo de vecinos peleando por mantener su salud a niveles normales y por otro, están quienes luchan por tener cada día más dinero a costa de incumplimientos de la normativa vigente, causando incluso molestias a terceras personas”. Mancuso manifestó que existe una ordenanza muy clara, “que estipula de manera prolija todo el funcionamiento de las plantas cerealeras, que no se cumple, ni en lo más mínimo, y en esto tiene que ver la inacción de los funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y la no aplicación de sanciones por parte del Juzgado de Faltas”.
Mancuso recordó, por ejemplo, el incumplimiento de la presentación por parte de las cerealeras de declaraciones juradas donde se indique la capacidad de acopio, cantidad de personal, superficie ocupada, emisión de ruidos, cantidad y tipo de agroquímicos que almacenan y manejan, esto debía exigirse una vez transcurridos 120 días desde la promulgación de la ordenanza.
Otro de los requisitos a cumplir en ese mismo plazo era la contratación de un seguro de caución ambiental y un cronograma de reducción de capacidad de almacenamiento “que se iba a determinar en función de lo que resultara de la declaración jurada”. Además, a los 2 años “vencía la primera etapa de reducción de la capacidad de almacenamiento a 20.000 toneladas”, algo que se debe determinar con los datos exigidos en las declaraciones juradas solicitadas. “Ningún funcionario se está ocupando de determinar eso”, afirmó.
Para revertir esta situación Mancuso señala que surge la necesidad de la intervención de los vecinos afectados, “que lamentablemente se tienen que poner al hombro el cumplimiento de la ordenanza contra la indiferencia e inacción de quienes integran los poderes municipales (…) Los vecinos se están preocupando, ocupando y cumpliendo una función de responsabilidad ciudadana que cubre la que tendrían que cumplir los funcionarios”, afirmó Mancuso, por el lado del Ejecutivo sería el labrado de actas ante incumplimientos de la Ordenanza, el Concejo Deliberante “denunciando esos incumplimientos para que esto genere sanciones”, y de parte del Juzgado de Faltas la aplicación estricta del procedimiento de Faltas, lo cual conllevaría inevitablemente a la aplicación de sanciones.
Graves irregularidades
Mancuso también subrayó que la intervención de los vecinos, denunciando incumplimientos, generó la formación de expedientes en el Juzgado de Faltas, “ahí entró a llevarse adelante el procedimiento que tuvo muchas irregularidades por parte de la Jueza (Teresa Ivulich) y generó que se presentaran denuncias pidiendo su remoción”, y señaló como “muy graves” a esas irregularidades.
Entre lo que se pone en tela de juicio respecto a la Jueza de Faltas, figura el hecho de que sea parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuariala Municipalidad para que se anule la ordenanza de 2009, lo cual podría quitar independencia a la Jueza de Faltas a la hora de resolver.
Entre los fundamentos para el pedido de remoción de la Jueza Teresa Ivulich, Mancuso mencionó “que se atribuye facultades que no tiene, por ejemplo la de aprobar un plano municipal, son funciones específicas del Ejecutivo municipal, y a su vez por un profesional habilitado en la materia.”
Con respecto a Ivulich, Mancuso también señaló, “es casi inconcebible que San Antonio de Areco tenga desde hace 15 años una Jueza de Faltas que va al Juzgado unas dos horas por día, que en el tiempo que debería estar trabajando esté viajando a Mercedes a ver expedientes particulares”. El horario del Juzgado de Faltas es de 8 a 13, y “la Jueza no llega antes de 10.30 u 11. Son incumplimientos groseros. Situación conocida por la comunidad pero lamentablemente todos miran para el costado”.
Lo que viene
Los siguientes pasos serían esperar el destino de los pedidos de remoción de la Jueza Ivulich , en caso de ser positivo se constituirá el jurado que llevaría adelante el proceso. El procedimiento podría dar como resultado que el jurado rechace las acusaciones, que decida un apercibimiento, una suspensión de hasta 90 días o la remoción.
Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la situación de incumplimiento de la ordenanza cambie ante la llegada de nuevas autoridades al Municipio, Mancuso afirmó, “lamentablemente no tengo demasiadas expectativas”, esto porque tiene en cuenta que “tres integrantes del Poder Ejecutivo municipal de la nueva gestión en altos puestos, vienen de ser funcionarios integrantes del Concejo Deliberante y la actuación que tuvieron respecto del cumplimiento de la Ordenanza 3.420/09 fue, como la del resto de los Concejales, por decir de alguna manera, discreta y pasiva”.